Participación política como condición de ciudadanía

En la actualidad, es imposible entender la ciudadanía sin su vinculación con la participación política. Pero, ¿qué es la ciudadanía y por qué la participación política (en sus diversas formas) es condición para entender la misma?

Los jóvenes son actores políticos fundamentales en tanto ciudadanos y líderes del futuro. Foto: Sergio Casal ©
Los jóvenes son actores políticos fundamentales en tanto ciudadanos y líderes del futuro. Foto: Sergio Casal ©
Contextualización histórica del concepto de ciudadanía

En el origen del análisis sociopolítico, Max Weber (1922) nos ofrece una primera visión de lo que es el ciudadano: “El habitante de la ciudad, o ciudadano, jurídicamente hablando, es aquel que posee una serie de derechos y obligaciones por el simple hecho de serlo y, por ello, está protegido y controlado por el Estado”. Aquí es donde nos empezamos a encontrar con las dudas sobre qué es o quién es ciudadano; para lo que hay que plantearse a quién le doy (el Estado) los derechos, a quién se los quito y cómo establezco los criterios que excluyen e incluyen a una persona dentro de la ciudadanía.

Para el establecimiento en sus orígenes de la denominada ciudadanía formal, se tenían en cuenta, desde el punto de vista de la sociología, dos principios básicos: el ivs sanguinis (derecho de sangre) y el ivs solis (derecho de suelo), pero la formación de los Estados-nación, las luchas por la inclusión dentro de la comunidad por parte de los colectivos excluidos y los procesos de democratización contemporáneos han favorecido una transición de esta ciudadanía formal a una ciudadanía sustantiva, no sin ciertas formas de violencia: El Estado no suele ceder su potestad sobre lo que considera su territorio o zona intramuros de forma pacífica. A través de estos procesos empezamos a comprender cómo se pasa de una ciudadanía de forma —un ciudadano por el hecho de ser pobre, no deja de ser ciudadano, formalmente hablando— a una sustantivade facto, el pobre, por su condición socioeconómica, no tiene acceso a una serie de derechos a los que se accede por ser ciudadano de un Estado—. Es Somers (1993) el que nos habla ya de un concepto dinámico de la ciudadanía como “conjunto de prácticas sociales insertas en marcos institucionales, relaciones e idiomas políticos”.

En la actualidad, varios factores han determinado las transformaciones de los derechos asociados a la ciudadanía y a la pertenencia a la comunidad. Por ejemplo, se ha producido una aparición de identidades singulares fruto de los flujos migratorios basados en el principio de asimilación. También la desigualdad social (sus viejas y nuevas formas) va en aumento ante una disolución de los valores de una ciudadanía cada vez más globalizada y contradictoria.

 

La ciudadanía como estatus personal y el modelo clásico de T. H. Marshall

Es Thomas H. Marshall (1950) el que introduce las claves contemporáneas en la argumentación del concepto de ciudadanía. A partir de los años ochenta, su teoría comienza a ser cuestionada y reconstruida por los sociólogos como requisito imprescindible para poder entender la ciudadanía tras un período de reconstrucción posterior a la II Guerra Mundial, en los años del desarrollo de la socialdemocracia (J.M. Keynes, 1936) y el Estado de bienestar. Marshall retoma la problemática marxista de la relación entre ciudadanía y clase social y se basa, para ello, en tres principios básicos:

En primer lugar, entiende la ciudadanía como estatus personal, relacionando los derechos y deberes del ser como miembro de una comunidad.

Esto a través del desarrollo histórico vinculado con los requisitos legales de la sociedad capitalista, cuyos principios legislativos y económicos se encuentran en una relación dialéctica continua con el Estado.

Para Marx no era posible conciliar el desarrollo del capitalismo con el desarrollo del Estado democrático, pero al acabar la II Guerra Mundial, los partidos socialistas comienzan a abandonar las tesis de la revolución y aceptan el capitalismo, algo que, para Marx, sólo podía generar desigualdad económica que terminaría traduciéndose en desigualdad social.

El modelo clásico de Marshall nos aproxima los diferentes grados de ciudadanía, desde la civil del siglo XVII (derechos autónomos asociados al mercado), pasando por la política (derechos políticos como el voto o la asociación, vinculados a la nacionalidad) en el siglo XIX y culminando en la ciudadanía posnacional del Estado de bienestar, la social. No obstante, este modelo ha sido muy criticado también por examinar sólo una de las diferentes estrategias de acceso a la modernidad, y por su visión excesivamente teleológica en el desarrollo de los derechos de la ciudadanía, así como por la relativización del papel del conflicto en el mismo (Turner, 1993). Todas las críticas que recibe la teoría de Marshall se apoyan en la crisis de sustentabilidad de la legitimidad de los viejos modelos de bienestar, provocada por las desigualdades sociales que generan los Estados. No se cumple el objetivo común del esfuerzo institucional y voluntario para mitigar la molestia de la pobreza sin alterar el patrón de desigualdad, del que la pobreza es la consecuencia más desagradable. Todo esto altera el escenario en el que se produce el progreso de la ciudadanía. Se comienza a cuestionar entonces que las instituciones estatales sean las más eficaces a la hora de proporcionar los servicios sociales y se plantea cuál es el papel de la participación política de los ciudadanos en la actividad pública y cómo esta afecta a los derechos, libertades y obligaciones de los miembros de la sociedad.


La participación política en la ciudadanía

Precisamente en los años ochenta, los sociólogos se plantean esta relación directa entre lo que implica la ciudadanía (derechos, igualdades y desigualdades, obligaciones, etcétera) y la participación política. En este sentido, la participación política “es aquel conjunto de actos y de actitudes dirigidas a influir de forma más o menos directa y más o menos legal en las decisiones de los detentadores del poder en el sistema político o en las organizaciones concretas y en su propia selección, con el fin de conservar la estructura y los valores del sistema de intereses dominante” (Pasquino, 1990).

Los procesos de democratización de la sociedad están vinculados a la participación política y siguen un orden que va desde la legitimación (derechos de petición, crítica y manifestación contra el régimen político), pasando por la incorporación de derechos formales de los movimientos de oposición y la representación (rebaja las barreras que impiden la entrada de nuevos movimientos en el sistema político) hasta llegar a la situación en la cual el poder ejecutivo se somete al poder legislativo (Lipset y Rokkan, 1967).

No obstante, teorías como la elitista (Anduiza y Bosch, 2004) plantean que las democracias tienen que ser representativas y la participación de la ciudadanía debe ser restringida a la elección de sus representantes debido a que, según dicen, las formas participativas son peligrosas. En este caso, se apela al miedo a las formas populistas y a las concepciones schumpeterianas de la democracia. Anduiza y Bosch también desglosan las diferentes vías de participación política tanto instrumentales como expresivas en la actualidad y estudian los procesos que dan lugar a la misma; como la politización de las demandas o el surgimiento de empresarios políticos. Pero hay más autores que analizan la importancia de la participación política como condición de ciudadanía.

 

Papel de la juventud y la mujer en la participación política contemporánea

En primer lugar, debemos conocer las diferentes situaciones que afectan a la vida y participación de los jóvenes como ciudadanos. Las nuevas condiciones en que éstos viven y sus procesos de transición, han permitido establecer la diferenciación clave entre la independencia (entendida en términos de situación material) y la autonomía (entendida en términos de competencia y capacidad) (Benedicto, 2008). Estos dos procesos, de lógicas diferentes, nos ayudan a comprender la transición hacia la emancipación de la juventud, algo estrechamente relacionado con su participación política. Llegar a ser adulto tiene que ver también con la adquisición de la responsabilidad sobre las propias decisiones y no tanto con haber finalizado las diferentes transiciones (laboral, residencial y familiar), excepto cuando se llegan a tener hijos. Integración y autonomía constituyen, pues, dos dimensiones imprescindibles para entender la dinámica social de la juventud, tanto en general como en los diferentes campos en los que los jóvenes desarrollan sus vidas.

En los últimos años, estamos asistiendo a una disminución de la implicación política formal de la juventud que, sin embargo, se ve compensada por la expansión significativa de su presencia en otro tipo de actividades políticas no convencionales, pero mas acordes con su forma de experimentar la vida colectiva, como los movimientos de protesta, la participación en organizaciones voluntarias, la utilización de Internet como instrumento de activación política, etc. Con respecto a esta desafección, podemos admitir que “más que una condición de moratoria, típica de los procesos de transición, ahora la juventud asume, de manera en cierto sentido paradójica, las características de un fenómeno que encuentra en sí mismo los presupuestos de su propio desarrollo y definición” (Bontempi, 2003).

La participación política también ha sufrido grandes cambios para la mujer en la época contemporánea. Así, en primer lugar, en el germen de la idea moderna de ciudadanía, se encuentra la capacidad de los individuos para decidir sin coacción y participar o no en los asuntos públicos. En este caso, el género es la dimensión de lo que en las mujeres y hombres es producto de los procesos sociales y culturales, distinguiéndose del sexo, que es solamente una dimensión biológica. El concepto de género se acuña en los años setenta, cuando el feminismo va descubriendo que el género es una construcción sociocultural que destapa la desigualdad social existente entre mujeres y hombres. Las relaciones de género constituyen el significado social de lo femenino y masculino y de las conductas y actividades asociadas a estos conceptos, es decir, comportamientos que se entienden apropiados para los hombres y para las mujeres de cada sociedad.

Actualmente, la participación política de las mujeres se caracteriza porque no se limita a los espacios de la política institucional, sino que se desarrolla en ámbitos muy heterogéneos (Escribano, 2011). Es posible confirmar que la participación política no es disociable de sus condiciones materiales de ejercicio, y esta afirmación se presenta de forma particular para las mujeres. La presencia de factores de tipo situacional explicaría las diferencias que todavía se observan. Pero, como señala Lipovetsky (1999), “(…) que nadie se llame a engaño. La época que relegaba a la mujer al espacio doméstico y la apartaba de la sociedad política está definitivamente superada. Ahora bien, esta inmensa convulsión no significa en modo alguno intercambia1bilidad de los dos sexos frente a la dicotomía privado/público. Bajo lo novedoso prosigue lo antiguo: si bien la divergencia sexual privado/público ya no se escribe con mayúsculas, no por ello deja de gobernar numerosas aspiraciones y comportamientos de los dos géneros. A decir verdad, la vida familiar, lo íntimo, lo relacional, sigue estando dominado por la mujer; el estatus, el papel profesional, el poder, el éxito, continúa prevaleciendo en el hombre. A primera vista, impera la reversibilidad de los roles sexuales, pero en realidad subsiste la división sexual de los roles privados y públicos”.

 

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“La época que relegaba a la mujer al espacio doméstico y la apartaba de la sociedad política está definitivamente superada (…)” (Lipovetsky, 1999). Foto: Sergio Casal ©

La participación política (y sus diferentes formas) constituye un pilar fundamental de la ciudadanía; procesos como las leyes de paridad o la regeneración política en nuestro país abren vías de democratización para alcanzar el bienestar social, pero ojo, todavía existen terribles desigualdades, no sólo asociadas a condiciones sociodemográficas como la edad o el género, también la estructura económica genera niveles de desigualdad que, lejos de estar siendo corregidos, nos están aproximando a una sociedad de ciudadanos de primera y de segunda, perdiendo estos últimos su condición de ciudadanía de facto por no poder acceder a los mismos derechos que los primeros.

El presente artículo forma parte de un trabajo académico. Si quieres más información, ponte en contacto con Sergio a través del correo electrónico: sergiocasal@politizen.info

 

Bibliografía de referencia
  • Anduiza, E; Bosch, A. (2004): Comportamiento político y electoral. Barcelona: Ariel.

  • Benedicto, J. (2008): La juventud frente a la política: ¿desenganchada, escéptica, alternativa o las tres cosas a la vez? Madrid: Departamento sociología II, UNED.

  • Bontempi, M. (2003): Viajeros sin mapa. Construcción de la juventud y recorridos de la autonomía juvenil en la Unión Europea. Revista de Estudios de Juventud, edición especial 25 aniversario de la Constitución Española.

  • Escribano, J. (2011): El sexo excluido. Mujer y participación política. Murcia: Universidad de Murcia. Revista Psicología política, n. 42, pp. 13-27.

  • Keynes, J. M. (1936): The General Theory of Employment, Interest and Money. Cambridge: Cambridge University Press.

  • Marshall, T. H. (1950): Citizenship and social class. Londres: Pluto Press.

  • Pasquino, G. (1990): Party elites and democratic consolidation: cross-national comparison of southern European experiencie. London: Routledge.

  • Rokkan, S.; Lipset, S.M. (1967): Party Systems and Voter Alignments. Co-edited with Seymour Martin Lipset. Washington: Free Press.

  • Somers, M. (1993): Citizenship and the public sphere. Law, community and political culture in the transition to democracy. Michigan: American Sociological Review.

  • Turner, B. (1993): Contemporary Problems in the Theory of Citizenship, en B. Turner (ed.), Citizenship and Social Theory. Londres: Sage.

  • Weber, M (1964): Economía y sociedad. “Conceptos sociológicos fundamentales”. México: Trad. de la edición de 1922, J. Medina Echavarría. Ed. J. Winckelmann, FCE.

Sergio Casal
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Sergio Casal

Asesor en Comunicación Institucional at Diputación de A Coruña
Oleiros (España). Periodista (USC), especializado en Estudios Avanzados de Comunicación Política (UCM). Actualmente, asesor de Comunicación en Diputación de A Coruña y estudiante de Ciencia Política y de la Administración (UNED). Escríbeme a sergio.casalf@gmail.com
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