Profundizando en la Ley Mordaza

Es un hecho. Ha entrado en vigor en España la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, más comúnmente conocida como Ley Mordaza. 

Marchas de la Dignidad del 21 de marzo de 2015, Madrid. Fotografía de Sergio Casal ©


La controversia está servida. ¿Libertad o seguridad? ¿Existe un marco de inseguridad que justifique semejante reducción de libertades? Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, muchos Gobiernos han comenzado campañas legislativas en favor de la seguridad de los ciudadanos. El primer ejemplo se puede tomar de los propios Estados Unidos. El 26 de octubre de ese mismo año se promulga el texto de la ya mencionada en este espacio USA PATRIOT act (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism) of 2001 y poco después, tanto la Cámara de Representantes como el Senado la aprueban por aplastante mayoría. En un contexto de desconcierto tras un ataque terrorista en territorio nacional, Estados Unidos aprueba una ley a través de la cual el gobierno de George W. Bush supedita importantes libertades individuales en favor de la “seguridad nacional”. Con la entrada en vigor de este texto se ha multiplicado el número de recursos financieros dirigidos hacia una gran red de información creada por los servicios de inteligencia del estado, como la NSA (National Security Agency) y la CIA. El objetivo de la red es recopilar toneladas de información de la ciudadanía a través de, entre otras cosas, la vigilancia telefónica indiscriminada. Edward Snowden, exempleado de la CIA y actualmente bajo el asilo de Rusia, está sufriendo la persecución de su gobierno por filtrar los objetivos de esta vigilancia masiva, ya que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha calificado esas filtraciones como un “asunto criminal”.

“No quiero vivir en una sociedad que hace este tipo de cosas… No quiero vivir en un mundo donde se registra todo lo que hago y digo. Es algo que no estoy dispuesto a apoyar o admitir”

Edward Snowden, junio de 2013 [1].

 

Marco de cambios legislativos

En España se vive un contexto de crisis social y económica que afecta a muchos ámbitos, entre ellos el del campo jurídico. Con reformas como la de la Ley Organica del Poder Judicial, del Código Penal o la misma Ley de Seguridad Ciudadana, que han transformado por completo la configuración del poder judicial, se ha puesto en alerta a los organismos internacionales. La presunta politización de la justicia y la falta de independencia han llamado la atención de la Organización de las Naciones Unidas, así como los aspectos restrictivos de las nuevas leyes. La ONU ha advertido a España de que debe mejorar su legislación en materia judicial para, por ejemplo, “prevenir la tortura dentro de su territorio”. También ha asegurado que el gobierno tiene la “obligación” de estraditar a los mandos franquistas ya que “tiene la obligación de garantizar, ante las jurisdicciones nacionales, el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y el derecho a la verdad”. Incluso se ha manifestado con respecto a la reforma del Codigo Penal y la mencionada Ley de Seguridad Ciudadana, declarando que ambas “socavan los derechos de manifestación y expresión” y permiten “criminalizar la manifestación pacífica”[2]. Hay que aclarar que, desde el punto de vista jurídico, el proceso ha sido largo. El proyecto de Ley se plantea y se jutifica en base a una –a priori– poco fundamentada[3] necesidad social de ampliación de la seguridad. Se extrae que “las nuevas formas de poner en riesgo la seguridad (…)” y “(…) los nuevos contenidos que las demandas sociales incluyen en este concepto (…) justifican sobradamente un cambio legislativo”[4]. Una vez justificado el objeto de este cambio legislativo, el proceso ha sido el siguiente:

De la Ley Corcuera a la Ley Mordaza

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Ahora, con la ley en vigor, también conviene repasar cuáles son los puntos claves tanto de la Ley de Seguirdad Ciudadana como de la reforma del Código Penal.

  • Penalización de los derechos de manifestación y desobediencia pacífica: los Artículos 36.2 y 36.6 se incluyen dentro de las infracciones graves –penadas hasta con 30.000 €). El primero limita las protestas frente al Senado y al Congreso y el segundo sanciona la “resistencia” o “desobediencia a la autoridad” aun no siendo estas “constitutivas de delito”[5].
  • Libertad informativa: la figura del “organizador o promotor” como responsable de las infracciones derivadas de las manifestaciones. Esto unido a que la nueva ley considerará también “organizadores o promotores a quienes por publicaciones o declaraciones de convocatoria, por las manifestaciones orales o escritas que en ellas se difundan, por los lemas, banderas u otros signos que ostenten o por cualesquiera otros hechos pueda determinarse razonablemente que son directores de aquellas”. Es decir, se viene a sustituir el principio legal de culpabilidad y por criterios de peligrosidad indeterminados.
  • Discriminación racial: El registro arbitrario, las redadas por criterios raciales, el pacto antiyihadista o la reforma del Código Penal afectan directamente a las personas inmigrantes. Desde hoy, serán legales las polémicas devoluciones en caliente, que ya han costado más de una vida humana en la frontera del estado español con el Magreb Africano.
  • Prisión permanente revisable: a pesar de que el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz asegurase en su momento que “la prisión permanente revisable no tiene nada que ver con la cadena perpetua” muchos colectivos –Amnistía Internacional, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU o Jueces para la Democracia entre otros– han mostrado sus dudas hacia el pacto antiyihadista firmado por PP y PSOE que contempla la esta jurisprudencia.

Otro de los puntos clave que más controversia ha generado dentro del ámbito judicial es la pérdida de potestad de los jueces con respecto a más de tres millones de infracciones, que pasarán a ser sancionadas por la administración. En este sentido, un grupo de 63 catedráticos en Derecho Penal de 35 universidades españolas han firmado un manifiesto en contra tanto de la Ley de Seguridad Ciudadana como de la reforma del Codigo Penal. En él, se califican estas reformas como “autoritarias y reaccionarias”. Así mismo, consideran la elaboración de la “Ley Mordaza” una “(…) urdimbre jurídicaextraordinariamente alejada de un sistema democrático atento a las libertades y derechos fundamentales, y mucho más próxima a un sistema autoritario que francamente creíamos ya olvidado”. Entre los firmantes se encuentran –entre otros– el doctor en Derecho Enrique Gimbernat Ordeig [6], de la Universidad Complutense de Madrid y el profesor Francisco Muñoz Conde, de la Universidad Pablo de Olavide, protagonista en la primera reforma penal de la democracia con más de 40 años de experiencia penalista.

La oposición, en contra

Desde un enfoque más político, estas reformas legislativas promovidas por el Partido Popular han sido (a excepción del pacto antiyihadista, apoyado por el PSOE) rechazadas de forma unánime por la oposición parlamentaria. Los argumentos principales esgrimidos por el resto de fuerzas políticas tienen que ver principalmente con el “recorte en derechos fundamentales” que para ellos supone la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana. PSOE, Izquierda Plural, UPyD, Compromís-Equo, Coalición Canaria y Geroa Bai han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional que ha sido admitido a trámite el pasado 12 de junio.

En un contexto de crisis de representatividad y desafección política, el partido de gobierno introduce esta reforma que afecta en gran medida a la libertad informativa. Entre la opinión pública no ha calado el mensaje de transparencia que el gobierno intenta vender a través de leyes presentadas de forma opaca y unidireccional y más en un marco social en el cual las herramientas que facilitan la interacción entre ciudadano-elector y político han cobrado tanta importancia. Los partidos políticos tradicionales actúan en este sentido de forma confusa y se muestran reacios a seguir las tendencias comunicativas que la sociedad de la información demanda. Es complicado y contraproducente –desde el punto de vista de la imagen– poner barreras a la información y va en contra de lo que recomiendan las instituciones internacionales. Al mismo tiempo que se habla de renovación, de transparencia y de responsabilidad política, se legisla contra principios fundamentales como el derecho de manifestación, de información y la justicia social. A cuatro meses vista de las elecciones generales el Partido Popular debe tener en cuenta que una ley de este tipo puede poner en su contra a los colectivos relacionadas con el mundo de la comunicación política que, al fin y al cabo, son los que filtran y contextualizan la información política que no llega de forma directa al elector.

Además, desde el gobierno no han sabido ofrecer respuestas claras que justifiquen, por ejemplo, el establecimiento de la prisión permanente revisable en un país donde el período máximo de estancia en prisión es superior a 30 años, algo que no sucede en otros países de Europa donde, a pesar de existir la cadena perpetua revisable para casos de terrorismo (como Reino Unido), el tiempo medio en prisión para esas penas no supera los 14 años –18 en Alemania–.

En conclusión, la Ley Mordaza llega en un momento complicado per se para el campo mediático y político. Un momento de expansión, de big data y ruido informativo en el cual no sería conveniente limitar el trabajo de los periodistas. La democracia se construye desde la comunicación y la comunicación conlleva participación de todos los actores implicados en el funcionamiento de la sociedad, no sólo la de los actores políticos.

 

[1] Edward Snowden para The Guardian en junio de 2013

[2]Declaraciones extraídas por Europa Press (EPSocial) en febrero de 2015 http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-relatores-onu-advierten-espana-ley-seguridad-ciudadana-codigo-penal-socavan-derechos-humanos-20150223150631.html

[3] Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la “seguridad” no está entre los diez principales problemas del estado para los españoles.

[4] En Preámbulo (II) de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana: La perspectiva que el transcurso del tiempo ofrece de las virtudes y carencias de las normas jurídicas, los cambios sociales operados en nuestro país, las nuevas formas de poner en riesgo la seguridad y la tranquilidad ciudadanas, los nuevos contenidos que las demandas sociales incluyen en este concepto, la imperiosa necesidad de actualización del régimen sancionador o la conveniencia de incorporar la jurisprudencia constitucional en esta materia justifican sobradamente un cambio legislativo.

[5] Sección II, Artículo 36.6 http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3442

[6] Doctor Honoris Causa por la Universidad de Múnich, (1999), por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (2000), por el Instituto Nacional de Ciencias Penales de México (2006), por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (2006) y por la Universidad Santa María de Caracas (2007)

Sergio Casal
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Sergio Casal

Asesor en Comunicación Institucional at Diputación de A Coruña
Oleiros (España). Periodista (USC), especializado en Estudios Avanzados de Comunicación Política (UCM). Actualmente, asesor de Comunicación en Diputación de A Coruña y estudiante de Ciencia Política y de la Administración (UNED). Escríbeme a sergio.casalf@gmail.com
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  • Rafael Delgado

    Excelente artículo; sin embargo se han de hacer ciertas precisiones:

    1.- Respecto al Dcho de manifestación y desobediencia ruego analice los arts. 36 y ss de la LO 4/2015. En ellos se describen de forma precisa las infracciones y se clasifican en muy graves, graves y leves. Ruego lo tenga en cuenta porque no se sanciona ni se vulneran los derechos de manifestación, reunión, libertad de expresión ni de información. Están plenamente garantizados

    2.- Respecto a los términos “organizadores y promotores”: se trata de un concepto profusamente analizado por la jurisprudencia, principalmente en el marco penal y ya delimitado. No se sustituye “el principio legal de culpabilidad por criterios de peligrosidad indeterminados”.

    2.bis. Respecto al modelo sancionador. Las faltas anteriormente reguladas en el CP 1995 o bien han pasado a considerarse delitos leves o incluirse como sanción administrativa. En esto último recuerde que el sancionado podrá recurrir la sanción ante los Juzgados y Tribunales (vía contencioso administrativa) Por tanto SÍ existe control judicial.

    3.- Finalmente, respecto a la figura de la prisión permanente revisable, ruego se lea tanto la exposición de motivos de la LO 1/2015 de reforma del Código Penal y los arts. pertinentes del CP. La “PPR” se fundamenta en el principio de resocialización, seguimiento del reo durante todo el periodo de condena y un completo sistema de suspensión de la ejecución de la pena (art.92CP)

    Creo que son ciertas precisiones que han de hacerse al tratar este tipo de legislación ya que pueden generarse confusiones. Aún así, será muy interesante la resolución del Tribunal Constitucional a los recursos interpuestos sobre estas leyes.

    Gracias